VERACRUZ,
PIONERO EN LEY ANTICORRUPCIÓN
Por
Francisco Licona
“Figuras y
figurones”
Tal
vez se diga que después del niño ahogado se tapa el pozo, pero más vale tarde
que nunca, sobre todo cuando el pueblo está harto de la manga ancha con la que
se han conducido diversos funcionarios de la administración pública en los
últimos sexenios.
Hacía
falta un freno con dientes, y Veracruz podría convertirse este jueves en el
primer Estado del país en reformar su Constitución para contar con una Ley de
Fiscalización, una ley anticorrupción avalada por las principales fuerzas
políticas. Este jueves podría ser el día en que se votaría una de las leyes más
trascendentes y de avanzada en la historia del Congreso del Estado. Con esta
ley, se espera, de aquí en adelante, una correcta y oportuna fiscalización y
vigilancia en la aplicación de los recursos públicos.
Hay
que reconocer la participación de todas las fuerzas políticas representadas en
el Congreso y en lo particular a los integrantes de la Comisión de Vigilancia, ya
que se han puesto de acuerdo en algo que en el propio Congreso Federal no se ha
logrado. Ha sido una gran cruzada legislativa iniciada el 11 de noviembre
pasado cuando se aprobó la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
y terminará mañana jueves, una vez que la Reforma Constitucional que permitirá
su promulgación, ha sido aprobada por 160 de los 212 municipios.
Se
trata de todo un logro legislativo en el que resulta imperativo resaltar la
labor humilde pero firme del Presidente de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, diputado Francisco Garrido Sánchez, quien con paciencia y habilidad
nata en él, tejió un fino cabildeo político. De 42 años, porteño de nacimiento
y legislador plurinominal por el Partido Alternativa Veracruzana (AVE), es poseedor
de experiencia en el diseño y asesorías de estrategias políticas, serio,
trabajador y congruente con lo que dice y hace.
Desde
que asumió la Presidencia de la vigilancia legislativa adoptó una postura
valiente y entrona. Peleó palmo a palmo por la dignificación de la Comisión y
con habilidad y atribuciones que le daba la Ley y el apoyo de la representación
política plural que presidía, puntualizó las reglas del juego al titular del
ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, en el sentido de que su papel era ser el
brazo de Fiscalización del Congreso y no una entidad autónoma por encima de la
Comisión Legislativa.
Sería
ocioso mencionar cada uno de los aciertos de Garrido Sánchez y de la Comisión Plural;
su relación imparcial y de respeto mutuo con el Poder Ejecutivo; de
coordinación y reconocimiento con el titular de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) que llevaron a los directivos de la Comisión a tener encuentros
de trabajo con el primer mandatario de la nación, Enrique Peña Nieto. El
trabajo de Garrido Sánchez ha sido intenso y sin descanso, ha dejado el confort
de la oficina para estar físicamente en más de 100 municipios en labores
preventivas de rendición de cuentas in situ; sin contar su gestoría en
municipios donde su partido gobierna.
Con ejemplos
como los mencionados los integrantes de la Comisión de Vigilancia justificarían
su paso por la legislatura. Pero, sin duda, por lo que serán recordados será
por la Reforma Constitucional que dio vida y pie a la promulgación de la Nueva
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, que sin duda será
aprobada en el Pleno de la Presente Legislatura, cuyo líder es Juan Nicolás
Callejas.
Se
trata de un paquete de iniciativas que dan cuerpo y armonizarán a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica del Municipio Libre y los
Códigos Financieros y Hacendario Municipal.
Esta
nueva ley será un firme andamiaje jurídico para fortalecer los procesos de fiscalización
en Veracruz, tal y como el diputado Francisco Garrido Sánchez, explicó y
adelantó en el Foro Plural de Economistas Veracruzanos, hace un par de semanas.
Esta
ley ata las manos y corta las uñas a funcionarios y alcaldes. Es una ley con
dientes. Se norma la integración, presentación y el acorte de plazos para el dictamen de las Cuentas
Públicas y clarifica las responsabilidades en el Sistema Estatal de
Fiscalización.
Clarifica,
además, al ORFIS y a los sujetos a revisión, los pasos y procesos para el
debido cumplimiento de obligaciones y el deber legal. Le otorga además al ORFIS
las facultades necesarias para fiscalizar ejercicios en marcha y ordenar
revisiones parciales durante los ejercicios presupuestales. Se incluyen medidas
de apremio y la figura de la prescripción y determinación de responsabilidades
resarcitorias e imposición de sanciones.
Entran
como sujetos a revisar los Programas generales de Inversión, las modificaciones
y transferencias presupuestales, los avances físico-financieros y el cierre del
ejercicio de los entes fiscalizables municipales. El ORFIS deberá informar de
los resultados de sus auditorías y revisiones al Congreso del Estado y a las
contralorías internas.
Los
nuevos plazos para la entrega obligatoria de las Cuentas Públicas son: los
ayuntamientos hasta el 31 de enero. Y, marzo, las dependencias de los poderes
ejecutivo y judicial así como los órganos descentralizados (las Cuentas del
2015 ya estarán sujetas a estos nuevos plazos).
Otra
novedad es que al ORFIS se le da de plazo hasta el 15 de octubre para rendir su
Informe del Resultados. Además, se regula el registro, habilitación,
contratación, control y evaluación de los despachos externos y prestadores de
servicios profesionales de auditoría.
Enhorabuena
para el Congreso y para los veracruzanos. Enhorabuena a las fuerzas políticas
que integran la Junta de Coordinación Política presidida por Juan Nicolás
Callejas Arroyo; Domingo Bahena Corbalá, del PAN; Juan René Chiunti Hernández,
de Nueva Alianza; Ana María Condado Escamilla, del PRD; y Juan Eduardo Robles
Castellanos del Verde Ecologista.
Integran
la Comisión de Vigilancia los diputados: Francisco Garrido Sánchez, AVE,
Presidente; Juan René Chiunti Hernández, NA, y David Velasco Chedraui, PRI,
secretarios; vocales, Raúl Zarrabal Ferat (PRI), María del Carmen Pontón Villa
(PAN), Carlos Gabriel Fuentes Urrutia
(PAN), Juan Eduardo Robles Castellanos (PVEM), Juan Manuel Velázquez Yunes (PRI), Carlos Ernesto
Hernández Hernández (PRI), Gustavo Gudiño Corro (PRI), Ana María Condado
Escamilla (PRD), Julen Rementería del Puerto (PAN), Marco Antonio Del Ángel
Arroyo (PRI), Domingo Bahena Corbalá
(PAN) y Gabriela Arango Gibb (PRI).
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